Una nota publicada por el portal especializado Punto Biz da cuenta de una investigación judicial que indaga sobre una una presunta maniobra de estafa en la que están denunciados los administradores del barrio cerrado Puerto Roldán, por una supuesta liquidación irregular de expensas en perjuicio de los vecinos del loteo por un monto millonario aún no determinado.

“Nos dimos cuenta que estaba adulterado el coeficiente de participación de cada propietario en los gastos centrales. Según los metros cuadrados que yo tengo por ejemplo, me correspondía un 0,271 de la suma total de expensas, cuando me cobraban 0,408, es decir un 60% de más”, explicó en diálogo con ese medio Adrián Buenavida, abogado y vecino del barrio quien impulsó la denuncia y aspira a constituirse como querellante.

De acuerdo a lo informado por Punto Biz, la instrucción del caso quedó en manos de la Unidad de Delitos Económicos del Ministerio Público de la Acusación, a cargo del fiscal Sebastián Narvaja.

“Los denunciados son quienes a lo largo de los años fueron los accionistas de Administradora de Puerto Roldán Barrio Cerrado SA, sociedad encargada de gerenciar el consorcio de propietarios, quienes en su mayoría, además, integran o integraron Puerto Roldán SA, la firma desarrolladora”, mencionó, por su parte, el penalista Guillermo Muratti, patrocinante de Buenavida.

“El fiscal nos ha informado que se está muy cerca de poder imputar a los responsables por el delito de estafa en diferente grado de participación”, agregó el letrado.

Según los demandantes, la sociedad anónima que administra el loteo dividía sólo entre los compradores de lotes los gastos centrales, pero la desarrolladora no pagaba los que le correspondía por las parcelas no vendidas.

“Es una infracción a lo expresado en los estatutos que se mantuvo por sucesivos períodos. Hay una actitud por parte de la administración que demuestra que admitieron la irregularidad, porque desde hace cuatro meses corrigieron el coeficiente de participación. Buscamos saber qué pasó con el dinero extra que abonamos durante años, que es una suma suma millonaria”, apuntó Buenavida.

El fiscal Narvaja ordenó al menos dos allanamientos a la oficinas de la SA administradora, luego de que los pedidos de colaboración a los denunciados fueran respondidos en parte. “En el último allanamiento se secuestró una computadora que está siendo peritada por la Policía de Investigaciones”, mencionó Muratti.