Por: Pablo de San Román (*)

En un artículo anterior planteamos la necesidad de alcanzar un equilibrio entre los controles necesarios para prevenir la pandemia y las medidas que protegieran la actividad económica, para que no se detuviera definitivamente. Observamos que tanto la prevención como los protocolos eran igualmente importantes.

Hoy hay mucha más información. Hoy sabemos que los protocolos básicos (como el tapabocas y el riguroso distanciamiento físico) desalientan la transmisión del virus y permiten continuar con muchas actividades de manera normal. Esta situación, deseable por otra parte, genera un nuevo escenario. Este escenario es el de la responsabilidad individual.

Ya sabemos lo que hay que hacer. Sabemos las consecuencias que conlleva no respetar los cuidados preventivos y la cadena de complicaciones que esto genera tanto para quien se contagia como para los contactos indirectos, las actividades particulares y finalmente para el estado. Pues entonces, al mismo tiempo que demandamos mayor apertura debemos demandarnos “a nosotros mismos” las prevenciones para tenerla.

Aquí la sociedad está en un punto clave. Por un lado, el deseo de retomar el trabajo, las actividades, la reapertura de los comercios, las empresas, la movilidad física y los contactos afectivos. Una reivindicación que muchos plantean para no caer en el fondo de la parálisis. Pero por el otro, la responsabilidad individual que esto conlleva. En otros términos, estamos seguros de querer recuperar derechos, pero no tan seguros de cumplir con sus obligaciones.

La evolución en esta etapa de la pandemia parece sugerir esto: que hay mayor complacencia en la apertura de las actividades pero que ello supone un aumento de los casos espoleado por la venida del frío. Y en este punto podemos decir que el estado lo vio con claridad. Relajamos los controles -que eran insostenibles económica y emocionalmente- pero ahora la cosa es mitad y mitad. Mitad regulación y mitad responsabilidad individual.

En los municipios este dilema se ve nítidamente. Los comercios, los servicios y las industrias vuelven a funcionar, pero no podrán sostenerse como salida de las restricciones, si ello dispara los contagios. Y la dispersión de los mismos no dependerá de otra cosa más que de la responsabilidad privada e íntima, con que tomemos esto.

Si queremos libertad, en un contexto de pandemia (como en todos los otros órdenes) debemos responsabilizarnos. La pandemia nos hecha en la cara esa imprescindible relación que existe entre los derechos adquiridos y las responsabilidades inherentes. Más, en una situación donde tan claramente la falta de responsabilidad pega en los derechos y las libertades.

Para decirlo con claridad: en esta coyuntura tan irritante, las libertades se habrán de merecer. Podremos encaminar las cosas hacia la recuperación económica y el contacto afectivo, en tanto sepamos qué obligaciones conlleva tenerlos. Y esto marca una nueva etapa en el tránsito tortuoso de la pandemia en ciernes.

Si aceptamos este planteo, las cartas están en la mesa. Es la libertad o la irresponsabilidad. Si somos irresponsables, volveremos al aislamiento y la parálisis. Si comprendemos la relación, entonces el camino hacia la salida está más cerca.

La idea del derecho, y de las regulaciones en general, es prevenir, orientar y ordenar las conductas. Es poner sobre escrito, en común acuerdo, lo que de otra manera quedaría en el libre albedrío. El derecho legaliza un sistema de conducta que de otra forma descansaría en el poder del más fuerte.

Pues bien, el derecho solo no alcanza. Las regulaciones, mandatos, decretos y demás indicaciones no son suficientes si individualmente no “ayudamos” a que se materialicen. El estado no puede estar en la voluntad de todas las personas. Ello depende, entre otras cosas, del compromiso privado, la educación y una posición ética.

Entonces, como decíamos, las cartas están echadas. En sistemas abiertos como el nuestro, las libertades dependen de la coherencia de nuestras acciones con el derecho. Si éstas fallan, si la responsabilidad privada falla, regirá el derecho. Y en estas circunstancias, el derecho supone restricciones severas. Si no sabemos administrar nuestra libertad, sabiendo además que podemos ocasionar una larga cadena de trastornos (a veces fatales), no aspiremos a recuperar la normalidad.

Ésta vendrá en tanto no obliguemos con nuestras acciones a sustituir la responsabilidad privada por la responsabilidad forzada.

(*)Licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional de Rosario (Argentina), Master en Estudios Políticos Latinoamericanos por la Universidad de Liverpool (Inglaterra) y obtuvo su Doctorado en América Latina Contemporánea por la Universidad Complutense de Madrid (España). Sus investigaciones se orientan hacia el estudio de instituciones políticas y desarrollo, especialmente en el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Alcalá (España).