Tal como viene sucediendo a nivel nacional y provincial con los referentes de Juntos por el Cambio, a nivel local el edil Roberto Amsler -referente de este espacio en la ciudad- expresó su rechazo a la intervención de la empresa Vicentín que pretende llevar adelante el Gobierno Nacional.

Lo hizo con un proyecto de declaración que ingresó este martes al Concejo y que pasó para ser analizado en Comisión este jueves. “Juntos por el Cambio Roldán, tomo la decisión de presentar esta declaración debido a que en nuestra opinión este proceder del Gobierno Nacional, significa un avasallamiento a la propiedad privada, y fundamentalmente una violación a la constitución y por consiguiente a la Republica”, justificó Amsler al tomar la palabra en el recinto.

El proyecto en cuestión toma en consideración que una decisión de esta magnitud como la que se planteó a nivel nacional “representa un avance indebido sobre las garantías constitucionales de la propiedad privada, constituyendo un precedente reprochable desde el punto de vista jurídico y de las garantías fundamentales de la empresa, la propiedad y las personas” y también establecer que la concreción de la intervención “resultaría en una anomalía administrativa y jurídica que pondría al Estado Nacional en una situación de paralegalidad, sobreponiendo las atribuciones del Poder Ejecutivo a las atribuciones de los poderes coexistentes, lesionando gravemente el principio republicano de división de poderes”.

“Este modelo de acción genera un clima de incertidumbre y avasallamiento que conspira contra las necesarias garantías administrativas para la generación de inversiones de mediano y largo plazo, esenciales para el crecimiento económico y el desarrollo productivo del país”, agrega y considera que el Concejo Roldán, “debe expresar su rechazo a este modo de obrar, solicitando a las autoridades nacionales revisen las decisiones adoptadas, dirigiendo sus acciones hacia una posición de respeto hacia la normalidad institucional, el predominio de la Ley y la división de poderes”.

En su presentación, Amsler citó al artículo 17 de la Constitución Nacional, el cual expresa que la propiedad es inviolable, y ningún habitante de la Nación puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley. La expropiación por causa de utilidad pública, debe ser calificada por ley y previamente indemnizada.

“El gobierno Nacional sostiene que la “Utilidad Pública” se fundamenta en tres conceptos: por un lado el de Soberanía Alimentaria, pero vale recordar que hace algunos años se habló de Soberanía Energética y las cosas no salieron bien. Al expropiarse YPF, se dijo que no iba a costarle un peso al Estado y terminó en un juicio a favor de Repsol que le costó al país entre capital e intereses, de todo tipo, mas de u$s 10.000.000.000. Ahora se dice que Vicentin garantizaría esa soberanía alimentaria, cuando la empresa exporta el 95% de su producción”, expresó el edil.

“Otro de los fundamentos del Estado pasa por que es una empresa testigo. Acá hay que decir que por el tamaño de la compañía y porque los precios en el mercado de granos los fija Chicago o China y no Argentina, Vicentin no puede ser nunca una empresa testigo. Y el tercer punto es la extranjerización del capital, tema que parece una discusión de otra época”, amplió Amsler.

“Por todo esto, uno duda que con un discurso demagógico se busque ocultar el verdadero sentido que todo esto puede tener, y que muchos temen, que es que se direccione con cupos de exportación la operatorio cerealera a una o varias empresas estatales y así ir expulsando lentamente al resto y en un tiempo monopolizar y terminar con el único sector que hoy produce en forma competitiva en la Argentina. Con un costo demás está decir que volveremos a pagar todos los argentinos. Hay una ley de concursos y quiebras que es la que determina el proceso. Hay un Juez y un Síndico que garantizan, controlan y en su caso intervienen dicho proceso judicial y en el cual si los administradores de Vicentin o algún funcionario del gobierno anterior, cometieron dolo deberán responder como lo determine la Justicia. Nadie defiende a los responsables de la empresa Vicentin ni a ningún funcionario. Se defiende el proceso judicial, la propiedad privada y la independencia de poderes”, justificó.