A mediados de febrero, el gobierno nacional anunció la privatización de las rutas y autopistas que administra la compañía estatal Corredores Viales. La medida habilita la participación de capitales privados en la empresa que administra 6.000 kilómetros de rutas en diferentes partes del país. Una de las vías afectadas sería la autopista Rosario – Córdoba, entre otras que también conectan la provincia de Santa Fe. En ese sentido, el vocero presidencial Juan Manuel Adorni declaró que las nuevas obras se podrían ejecutar a cambio del cobro de peaje.

Según Adorni, el nuevo modelo promoverá el desarrollo de infraestructura mediante la participación del sector privado. Los dueños de capitales que estén interesados en realizar los nuevos trabajos y mejorar las condiciones de las trazas, tendrán a cambio el derecho de exigir el cobro de un peaje a los usuarios. Por eso mismo, si bien hay cabinas en distintos tramos de la autopista, no hay que descartar que a futuro se coloquen nuevas unidades en el tramo que une Roldán con Rosario.

La privatización tiene su fundamento, según explicó Nación, en que el 45% de la traza que operaba Corredores Viales estaba en un estado crítico, con contratos de obras paralizados y atraso tarifario. Además, aseguraron que la empresa tuvo saldo negativo en 2023, con deudas a proveedores y pérdidas acumuladas. El gobierno también explicó que el sector privado encontrará mejores mecanismos para la subcontratación, sin las restricciones de la ley de obra pública. “Se terminó la patria contratista donde subían los peajes y las rutas se caían a pedazos”, afirmó Adorni.