El concejal del FPCyS Daniel Escalante está analizando declarar la «emegencia urbanística» en Roldán a los fines de lograr de parte de la Provincia un auxilio económico e institucional que ayude a solucionar una serie de problemas que se viene presentando, tanto en el plano contractual como estrcuctural, con varios de los nuevos loteos de la ciudad, como los casos de Tierra de Sueños, San Andrés y Punta Chacra.

«Es una idea mía y la estamos analizando dentro del bloque junto con los concejales Jorgelina Alfonso y Raúl Machado. Ocurre que cuatro o cinco personas definieron el destino de la ciudad, cambiaron la fisonomía, y el Estado no puede hacerse el distraído, pero no tiene capacidad de resolver todos los problemas que se generaron», comentó Escalante a El Roldanense.

«La situación de fue de las manos y necesitamos la ayuda de un Estado superior», agregó el concejal en referencia a los problemas que se vienen presentando en diferentes barrios nuevos. Entre ellos, el caso de Punta Chacra Weekend 1 y 2, donde se habría loteado sobre espacio públicos violando la Ley Orgánica de Municipalidades según fue denunciado por el propio Escalante.

Otro caso que desencadenaría el pedido de emergencia es el que tiene lugar en Tierra de Sueños 3, donde en poco más de una semana se vence la addenda firmada por el desarrollador y el Municipio, por la cual la empresa Aldic se había comprometido a finalizar una cantidad de obras que aún se encuentran inconclusas. De esta forma, una de las opciones disponibles es ejecutar un seguro de caución por $11 M, una cifra que no llega a cubrir la totalidad de los trabajos adeudados.

Dicho escenario generó gran preocupación entre vecinos y ediles, y en estos días se encuentran trabajando en una solución, la cual podría llegar incluso a tratarse en sesiones extraoridinarias.

También se cuentan entre los problemas el del loteo San Andrés, donde los propietarios tienen complicaciones a la hora de llevar adelante trámites municipales, ya que el Ejecutivo tomó la decisión de interrumpir los permisos relativos a dicho barrio frente a lo que entiende como un «claro incumplimiento» por parte del desarrollador: la falta de pavimentación de una calle de vital importancia que fue comprometida a la hora de diseñar el proyecto.