El proyecto de ordenanza para frenar el desarrollo de nuevas urbanizaciones en la ciudad obtuvo aprobación en la sesión ordinaria del Concejo de esta semana. La normativa, que fue votada por los cuatro ediles opositores, habla de una situación “inquietante” a causa de un crecimiento que ha “desbordado” al Municipio.

Tal como fue planteado desde un principio por el Bloque del Frente Progresista (FPCyS), espacio que presentó la iniciativa, la legislación estará vigente hasta tanto se implemente el nuevo Plan Urbano Estratégico que sobre el cual se está trabajando desde la administración local.

“Impídase a partir de la sanción de la presente la realización de nuevos desarrollos urbanísticos, entendiendo por los mismos a barrios residenciales abiertos o cerrados y propiedad horizontal (salvo las edificaciones y viviendas destinadas al albergue familiar)”, establece el texto aprobado.

Entre los argumentos apuntados para la nueva legislación, se menciona que “el florecimiento de desarrollos urbanísticos en las modalidades de barrios abiertos ha alcanzado en la ciudad dimensiones que han desbordado las posibilidades de respuesta satisfactoria a los servicios que la densidad de población consecuente demanda”.

Además, se hace referencia a una situación “inquietante” debido al “crecimiento urbanístico y poblacional producido hasta la fecha”. En esa línea, se mencionan dificultades para responder ante “cuestiones de importancia para asegurar el normal desarrollo familiar y armonía social, como por ejemplo educación y salud; ni que hablar seguridad”.

Por último, la ordenanza determina que una vez vigente el nuevo Plan Estratégico, el cuerpo legislativo “será el único encargado de autorizar el inicio de todo proyecto o emprendimiento urbano” en base a tres condiciones: aprobación del Estudio de Impacto Ambiental por parte de la Provincia, visado de la Municipalidad y voto unánime de los seis concejales.

En diálogo con El Roldanense, el edil Daniel Escalante (FPCyS) valoró la sanción de la normativa y sostuvo: “Esto es importante porque se le va a poder poner freno a estas cuestiones hasta tener algo reglamentado y un plan con el que se pueda, a ciencia cierta, hacer las cosas adecuadamente y con criterio urbanista, no con las reglas que impone el mercado».

Excepciones, penalidades y la eventualidad del veto

Si bien el proyecto fue presentado por el Frente Progresista, resultaron significativos los aportes de Pedro De Iparraguirre, con quien se consensuó el texto final. El concejal del Movimiento de Recuperación y Reafirmación Radical (M3R) sugirió la inclusión de toda una serie de especificaciones que hilen lo más fino posible en relación a temas como excepciones y penalizaciones.

En esa línea, por ejemplo, se determina que “toda edificación tendiente a reunir las características descriptas es irregular y sometida a las multas que estuvieran vigentes”. Al mismo tiempo, se abre la posibilidad para que en los próximos seis meses “todo responsable de haber iniciado construcciones” de esa naturaleza pueda denunciarlas “a los fines de evitar sanciones”.

«Nuestra estrategia fue que el proyecto pueda ser consensuado por mayoría para tener la posibilidad de rechazar el veto del Ejecutivo en caso de que eso ocurra», explicó Escalante. La normativa, de hecho, hace referencia a una posible instancia de esas características: indica que “en caso de veto”, si el mismo no obtiene aval en el Concejo, la reglamentación adquiere efecto retroactivo a su fecha de sanción original.