A partir de la rescisión de dos contratos para la construcción de una serie de rutas y caminos en el interior, el Gobierno comenzó a desarticular el amplio plan de obras públicas que el ex presidente Mauricio Macri proyectó como uno de sus legados y que terminó en un rotundo fracaso.

Entre esos contratos que se cayeron se cuentan los firmados con la empresa Helport para transformar la A012 en una autovía en el tramo que atraviesa Roldán, y también los trabajos de repavimentación de la autopista Rosario-Córdoba. Sin embargo, ahora será Vialidad Nacional quien los lleve adelante.

Cambiemos había apostado a una asociación con el sector privado bajo el programa de Participación Público Privada (PPP), para encarar multimillonarias obras de infraestructura en casi todo el país. Bajo este esquema, las empresas anticipaban los fondos y lo recuperaban con un bono del Estado después de terminar la obra, además del flujo de la recaudación de una determinada cantidad de años.

Se prometieron así licitar obras para construir más de 2.500 kilómetros con una inversión para la primera etapa superior a u$s8.000 millones. Sin embargo, las constantes devaluaciones; la crisis económica y financiera del país y el cambio de autoridades en la Casa de Gobierno terminaron por dinamitar esta iniciativa, según da cuenta una nota publicada por el portal iProfesional.

Ahora, desde el Ministerio de Obras Públicas se ordenó finalizar los contratos que, bajo los PPP de Macri, se le habían adjudicado a un consorcio conformado por las empresas Helport, Panedile, Eleprint y la española COPASA.

En el caso de las sociedades locales pertenecen a Eduardo Eurnekian; Hugo Dragonetti y Gustavo Weiss, estos dos últimos involucrados en la llamada causa de los cuadernos del ex chofer de Julio De Vido, en tanto que el dueño de Corporación América fue desvinculado y las acusaciones desestimadas.

Más allá de esta causa judicial, el gobierno nacional llegó a un acuerdo con el consorcio empresario a través de Vialidad Nacional para finalizar los contratos del Corredor Panamericano I y II y del desarrollo de los corredores viales E y F.

En el caso del primero, se había planificado una red de caminos compuesta por la Autopista Campana-Rosario (RN 9); la ruta nacional 183 de Buenos Aires y las rutas nacionales 11; 34; A008 y A012 de Santa Fe.

En tanto, el corredor F comprendía la Autopista Rosario-Córdoba (RN 9) y la ruta nacional 33 de Santa Fe.

Todas estas obras se encontraban casi paralizadas desde antes del cambio de gobierno, el 10 de diciembre del año pasado, por falta de fondos y solamente se había ejecutado el 2% de lo prometido.

A partir de ahora, el Gobierno retoma el control de los dos primeros corredores dados de baja, que serán nuevamente licitados.

De acuerdo a cálculos oficiales, se ahorrarán algo más de u$s68 millones (cerca de $4.700 millones) al relicitar bajo la modalidad de obra pública convencional estos cinco proyectos estipulados en el plan de obras incumplido por las empresas PPP.

Fuentes de Vialidad Nacional, organismo que depende del ministro Gabriel Katopodis, agregaron que se verificó que ninguna de las obras de fondo logró avanzar y que las empresas no consiguieron el financiamiento necesario para desarrollas los proyectos de infraestructura que demandaban los contratos.

A partir de este escenario, el 27 de mayo pasado, se inició el proceso de recisión de todos los contratos correspondientes a los seis corredores viales licitados bajo el esquema PPP, tras comprobarse una serie de irregularidades e incumplimientos.

Desde Vialidad Nacional se intimó a las empresas a cumplir con el incremento de las garantías bajo apercibimiento de extinción de los contratos y el 31 de agosto se les otorgó la posibilidad de rescindirlos de común acuerdo.

Ahora, los consorcios a cargo de los otros cuatro corredores tienen hasta el 30 de noviembre para adherirse a esta propuesta.