Con el objetivo de que las personas con discapacidad cuenten en la provincia con una figura que se encargue de proteger y promover sus derechos, el senador del Nuevo Espacio Santafesino (NES) Armando Traferri ingresó en la Cámara Alta un proyecto de ley para crear la Defensoría Provincial de Personas con Discapacidad.

El nuevo organismo, que funcionaría en la órbita de la Defensoría del Pueblo, tendría como objetivo “velar por la protección y promoción de los derechos consagrados en la Constitución Nacional, Tratados Internacionales, leyes nacionales y provinciales y en el resto del ordenamiento jurídico”. Y debería “asumir la defensa de los derechos de las personas con discapacidad ante las instituciones públicas y privadas y la supervisión y auditoría de la aplicación del ordenamiento aplicable en el ámbito de la provincia”.

Para la creación de la nueva figura, el proyecto de Traferri propone modificar la ley 10.396 de creación de la Defensoría del Pueblo y sumar a los Adjuntos y defensores específicos existentes (Niñas, Niños y Adolescentes y del Público) al defensor de las Personas con Discapacidad. Este, de acuerdo a lo expresado, sería propuesto, designado o removido del mismo modo que el defensor del Pueblo y debería ser nombrado dentro de los 90 días de sancionada la norma.

“Estamos persuadidos de que el Estado ─en todos sus niveles─ tiene el deber indelegable y prioritario de garantizar la plena vigencia de los principios, derechos y garantías de las personas con discapacidad. Pero somos conscientes y observamos a diario la situación de alta vulnerabilidad y desprotección en que se encuentran muchas de ellas y sus familias, en diversidad de situaciones”, indicó el legislador, que luego explicó: “Todo ello nos convence de la necesidad de procurar un abordaje estatal prioritario, oportuno y personalizado, con miras a brindar colaboración, asesoramiento y asistencia en los casos que se requiera”.

En los considerandos de su proyecto, el justicialista citó la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, incorporada a la normativa argentina a través de la ley nacional 26.378, que establece que los Estados parte “se comprometen a asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad sin discriminación alguna por motivos de discapacidad».

“Creemos, en estos días de tránsito por la pandemia, que esta nueva área de competencia específica que pretendemos darle a la Defensoría del Pueblo resulta muy necesaria”, justificó Traferri, quien evaluó que “estos tiempos de emergencia sanitaria han puesto en evidencia aspectos significativos que son necesarios de atender desde el Estado Provincial”.

Al respecto, finalizó: “Son muchos los derechos y beneficios que las normas nacionales, provinciales y hasta municipales les otorgan a las personas con discapacidad. Es momento de centralizar y ordenar una asistencia de índole legal desde las estructuras que dispone el Estado con el fin de informar, orientar y acompañar a los discapacitados y a sus familias en el ejercicio de sus derechos”.