A contramano de lo que sucedía hasta el momento, cuando las subastas o remates de bienes derivados de moras en la TGI recaían casi exclusivamente en intermediarios o inmobiliarias, a partir de ahora cada proceso será público. La ordenanza fue sancionada en la última sesión extraordinaria del Concejo con el fin de permitir el acceso ciudadano, además de garantizar la publicidad y la igualdad de oportunidades en beneficio de la participación vecinal.

“Establecer la obligación de publicidad masiva y accesible de estos actos permitirá que todos los vecinos y vecinas de Roldán puedan acceder en igualdad de condiciones a la información sobre los bienes en remate”, se lee en la ordenanza. Esto, asegura el texto, “posibilita la participación directa en las subastas y, en consecuencia, favorece precios más competitivos y beneficiosos para el Municipio. Una mayor concurrencia de oferentes incrementa el valor de adjudicación”.

La regulación existente a la fecha no medía actos ni procedimientos del proceso judicial de ejecución fiscal. Su alcance, explica el texto, se limitaba a la organización interna, la publicidad institucional y el acceso a la información por parte de la Municipalidad. “La escasa comunicación previa de fechas y horarios de los remates a las áreas municipales competentes obstaculiza la transparencia, dificulta la difusión y limita la igualdad de acceso de los vecinos a la información”, describe.

Así como se centra en los inmuebles de propiedad municipal que se subasten mediante remate público, la nueva norma también aplica en los bienes de propiedad privada que se encuentran en Roldán y son objeto de subasta por una ejecución fiscal promovida desde el Municipio. La misiva contempla, además, que cada inmueble a rematar deberá tener cartelería visible en el frente con la dirección, una descripción general, deuda aproximada y la fecha, hora y lugar de la subasta.