El 24 de noviembre de 2017 un cargamento de casi media tonelada de marihuana fue interceptado en la ciudad rionegrina de General Roca. Los cuatro ocupantes del camión que trasladaba la droga eran rosarinos y fueron procesados por la Justicia Federal de esa provincia patagónica. El vehículo, según estableció el juez federal Hugo Horacio Greca, pertenecía a una empresa denominada Transportes Toia SRL, que después se comprobó que tenía domicilio legal fijado en Tierra de Sueños 1.

Una semana después del asesinato del prestamista Lucio Maldonado, ocurrido en noviembre pasado en la zona sur de la ciudad, se estableció que antes de que lo mataran sus captores lo habían retenido en una quinta del paraje Los Muchachos, en cercanías de Soldini.

En esa vivienda cuyo propietario, quedó demostrado, es Esteban Alvarado, se encontró una carpeta rosada con boletas de servicios e impuestos. Uno de esos comprobantes eran expensas de un departamento donde encontraron viviendo al comisario Javier Makhat, por entonces jefe de Inteligencia de Drogas Peligrosas de la Policía de Investigaciones (PDI). Otra boleta motivó el allanamiento en calle Misiones 865, en el barrio Tierra de Sueños 1 de Roldán. Ese era el domicilio legal de Transportes Toia SRL, al que pertenecía el camión encontrado con los 493 kilos de marihuana en la provincia de Río Negro.

Los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra señalaron el viernes pasado que esa dirección en el barrio Tierra de Sueños no era sólo el domicilio fiscal de Transportes Toia SRL sino además el consignado en la licencia de conducir de Esteban Alvarado. En esa audiencia lo estaban acusando de haberse valido de cuatro policías, entre ellos dos comisarios de la PDI, para desviar su responsabilidad hacia miembros de Los Monos tanto en el asesinato del prestamista Lucio Maldonado como de las tres últimas balaceras a blancos del Poder Judicial registradas el año pasado. Los fiscales señalaron que el abogado que lo representaba en esa audiencia, Claudio Tavella, era el mismo que había defendido a los cuatro rosarinos apresados cuando circulaban en el camión cargados con drogas en Río Negro.

Transportes Toia SRL fue una de las sociedades nombradas por los fiscales como parte de un entramado de empresas comerciales y unipersonales controladas por Alvarado que a la vez que funcionaban legalmente le permitían ocultar las ganancias de sus actividades delictivas.

La urdimbre empresarial de Alvarado que él mismo administraba era uno de los estamentos, dijeron los acusadores, necesarios para el desarrollo de su organización criminal: la fuente de los recursos humanos y logísticos para la actividad delictiva.

Las empresas

Ocho personas consideradas testaferros de esas empresas en favor de Alvarado o con participación en sus actividades serán imputadas este jueves por pertenecer a la asociación ilícita. Entre ellas está Rosa «Rosi» Natalí Capuano, la esposa de Esteban y madre de sus dos hijos.

Además de Transportes Toia SRL, otras empresas en la estructura económica de la organización de Alvarado eran Edra SRL, Logística Santino SRL, TSC Logística y Sagrado Corazón de María SRL. Entre las unipersonales aparecen la de Rosa Capuano, la de Jorge Antonio Benegas, Nadia Toledo y Leandro Suárez. A través de todas éstas, según los fiscales, se proveía de bienes muebles, inmuebles y servicios a toda la estructura criminal. Los cuatro mencionados estarán en la audiencia de mañana.

Prestanombres en red

En un tramo de la audiencia de seis horas desarrollada el viernes en el Centro de Justicia Penal los fiscales señalaron que, para construir su posición, Alvarado se valió «de empresas lícitas al frente de las cuales se sitúan hombres de paja», es decir testaferros, que le permitieron simular las acciones delictivas.

Varios de estos señalados como prestanombres serán imputados por sus relaciones con el entramado empresarial de Alvarado. La semana pasada habían allanado las viviendas de varios de ellos: tres casas en los barrios privados Puerto Roldán y Tierra de Sueños, dos viviendas y una concesionaria en Pellegrini al 5300.

Se trata de personas sin capacidad económica manejando un gran volumen de negocios y que se van relacionando a través de distintas sociedades en las que aparecen y que a la vez entrelazan sus recursos formando una compleja red. Por ejemplo, una firma paga los servicios o viáticos al personal de la otra y se cruzan los seguros de los vehículos. También se entrecruzan los instrumentos de pago como cheques, o anticipos de gastos o viajes.

En definitiva las empresas legales, dijeron los fiscales, son una fachada que a Alvarado le posibilitaron simular actividades que servían como pantalla de su principal fuente de ingresos: el delito. Esas sociedades le permitieron, enumeraron los fiscales ante la Justicia el viernes pasado, reducir costos de gestión, contar con servicio de logística y traslado, con personal en relación de dependencia disponible y administrar los fondos generados por la empresa criminal, eludiendo todos los controles de los organismos públicos para ello.

Autor: Hernán Lascano

Fuente: diario La Capital