La Justicia provincial falló en contra del Municipio de Roldán en un juicio que en el año 1996 le había iniciado la UTE Dafly SA, por el cual la administración local debería pagar unos $17 M. Con sentencia firme desde febrero de 2014, la administración local manifestó voluntad de pago e hasta incluyó en el actual presupuesto una partida destinada a enfrentar el fallo. Sin embargo, la jueza no hizo lugar y ahora los abogados de Dafly interpusieron un apremio para cobrar sus honorarios, una suma que asciende a $4 M y que implicaría el embargo de la coparticipación, lo cual dejaría a las arcas municipales en una muy delicada situación financiera.

Tal como se informó ayer en una conferencia de prensa comandada por el intendente Pedretti, afrontar semejante monto tendría como consecuencia que las cuentas de la Municipalidad queden en rojo para cuestiones elementales como el pago de sueldos, el mantenimiento de servicios, los aportes a entidades intermedias, las partidas al Concejo, la liquidación con contratistas, entre otros ítems que hacen al corriente funcionamiento de cualquier administración pública.

Pero hay una luz al final del túnel: «Teniendo ya el apremio iniciado por el estudio jurídico de la empresa, y por lo tanto el pedido de embargo, el Municipio se opone esgrimiendo la inembargabilidad que nos otorga la Ley de Emergencia 12.036 que rige para estos casos, pero el juez falló en contra. Nos queda una última instancia que es ir a la Corte», explicó el abogado del Municipio, el Dr. Ricardo Giusepone.

«Creemos que en diez días el embargo se llevaría a cabo. Una vez que entre, tenemos 72 horas para demostrarle a la Corte que siempre tuvimos intención de pago y que todo se hizo de acuerdo a derecho con la Ley 12.036. A partir de ese momento la Corte puede destrabar el embargo y tiene 30 días para resolver «, agregó el intendente José Pedretti.

De acuerdo a lo que se desprende la mencionada legislación, a partir de 2014 y ya con sentencia firme notificada el Municipio tenía hasta el 31 de julio para estipular en el presupuesto del año siguiente una partida destinada al pago de esa deuda. Esos pasos se siguieron tal cual indica la norma y, en el presupuesto que se está ejecutando actualmente hay $200 mil que tienen ese fin. Sin embargo, la Justicia entendió que esa no era la forma adecuada de saldar y decidió darle curso al embargo por $4 M.

«Estamos convencidos que hubo mala interpretación de la Ley de Emergencia que justamente se hizo para proteger al Estado provincial y a los municipios. Se falló como si fuese una cuestión meramente comercial, y es algo mucho más complejo. Pero yo creo que la Corte sí entiende de derecho administrativo, además saben que esto puede sentar un pésimo precedente para todas las comunas de la provincia», se esperanzó Pedretti.

«En la Corte calculamos que van a entender lo que explicamos, que la Municipalidad va a pagar el embargo pero en la medida que lo pueda hacer, $ 200 mil este año como estaba previsto y una suma mayor el año que viene, no afectando partidas presupuestarias que pondrían en serio riesgo servicios básicos y esenciales del Municipio», añadó Giusepone.

La causa

En el año 1993 la UTE Dafly SA es contratada por el Municipio para llevar adelante un nuevo relevamiento catastral, el cual derivó en un escándalo público conocido como Cedulón. Es que a los vecinos les comenzaron a llegar a sus domicilios deudas gigantescas por reformas o ampliaciones que habían realizado, a raíz de lo cual se desató un fuerte conflicto social.

Según contó ayer Pedretti, de estos cobros no se encontraron registros en las auditorías contables internas que se iniciaron en el marco del juicio, de modo que nunca se supo qué se hizo con ese dinero que había ingresado a las arcas. «En 2010 desde Hacienda se propone una pericia contable porque en ningún balance de la gestión Di Santo se ven reflejados ingresos por este concepto de mejora catastral», dijo.

En 1996 Dafly inicia la demanda por deudas que habían quedado pendientes del trabajo realizado. Se trató de un juicio con innumerables «chicanas legales» de por medio, las cuales hicieron que recién ahora, a 19 años de comenzado el conflicto, se tenga una sentencia firme.

«En septiembre de 2007 se dicta el sentencia en primera instancia, eso se apela y el 19 de febrero de 2010 la Cámara de Apelaciones confirma el fallo. En aquel momento los peritos de parte determinan dos montos: el de la Municipalidad que era de $5.987.300 y el la empresa que era $17.654793. El juez sumó las dos, dividió por la mitad y nos condenó a pagar $11.842.000 a febrero de 2014. A eso hay que sumarle los $4 M de honorarios mas $1.9 M de aportes de peritos, lo cual hace un total de casi 17 M contando también los intereses de 2014 hasta ahora», señaló el intendente.