La acusación de lavado de dinero contra el abogado que acompañó durante 10 años a Esteban Alvarado se explicó hace un mes en una audiencia como una maniobra típica de una banda que tiene como objetivo construir poder económico. Se trató de la compra, en 2016, de un campo de diez hectáreas en Coronel Bogado a valor irrisorio, según los fiscales. El campo fue escriturado a nombre del abogado quien, en ese momento, figuraba en la Afip como contribuyente de riesgo, es decir sin capacidad económica para esa operación.

Ese inmueble ubicado a 50 kilómetros de Rosario se incorpora a un acervo millonario de la pulseada que viene en el trámite por la asociación ilícita que Alvarado está acusado de comandar. Será el pleito por los bienes que acumuló una estructura en la que están implicadas 34, 38 inmuebles (algunos de ellos en Roldán), 165 vehículos de todo tipo (camiones, camionetas, autos, semirremolques), depósitos inmovilizados en veinte cuentas congeladas por orden del Banco Central (BCRA) y siete embargos requeridos a la autoridad monetaria.

El Estado provincial quiere, a través de sus fiscales, quedarse con ese patrimonio. Hacerlo significa apuntar a la banda donde duele como objetivo de política contra el delito complejo. Aunque algunos de los hombres de una banda puedan cometer hechos de enorme crueldad un grupo criminal no tiene como objetivo último practicar la violencia. Si lo hace es como método, en general de última instancia, para asegurar la rentabilidad de su negocio.

La información compilada por fiscales de la Agencia de Delitos Complejos (ADC) vincula a Alvarado en total con unos 40 homicidios. Pero para los investigadores de la ADC y del Ministerio de Seguridad aunque la violencia es un rasgo reiterado, lo fundamental en Alvarado es la madeja de empresas que construyó.

Porque esas empresas legales, alegan, financiaron actividades delictivas a la vez que permitieron comprar bienes en barrios 27como Puerto Roldán, Tierra de Sueños, Funes Hills y Condominios del Alto frente al shopping Alto Rosario. En los dos últimos lugares vivió en distintos momentos gente de su familia.

Esas empresas inscriptas de Alvarado para prosperar necesitaron de permisos estatales que muchas veces otorgaba la policía garantizando la no persecución a sus actividades ilícitas a cambio de beneficios.

El arquitecto

Entre los inmuebles que se les pedirá decomiso hay varias casas de significativo valor en la trama criminal porque muestran cómo las viviendas son instrumento de lavado y cómo la maquinaria para hacerlo mezcla actores del mundo ilegal con el legal. Para esa expansión no sólo se requirieron testaferros sino conocimientos más sofisticados que proporcionan profesionales.

Además de su abogado defensor que según los fiscales se quedó con un campo con plata de su cliente, está a punto de ser imputado un arquitecto que construyó o refaccionó viviendas para Alvarado. Este arquitecto ya fue llamado a imputativa. Para los investigadores le construyó casas a Alvarado en Puerto Roldán, apareció como su prestanombre y también hizo refacciones.

A este profesional le atribuyen ser quien edificó y anotó a su nombre una casa en Puerto Roldán en un momento en que estaba en quiebra, es decir, en incapacidad de adquirir bienes. Esa casa luego fue cedida a Luciano Previtera, que está imputado como miembro de la asociación ilícita, pero los fiscales consideran que el dinero venía de Alvarado. Cuando fue allanada en junio pasado la vivienda estaba vacía.

También este arquitecto es el que aparece como comprador de un departamento en Condominios del Alto, frente al Shopping Alto Rosario, donde encontraron viviendo al allanarlo al ex jefe de Drogas de la ex PDI, comisario Javier Makhat. En ese departamento vivió la familia de Alvarado cuando éste decidió instalar a su esposa e hijos allí al pensar que Luis Medina quería matarlo. Los fiscales consideran a Alvarado su verdadero dueño, aunque la última escritura está a nombre de la mujer de Makhat.

En la pesquisa se remarcó que cuando el arquitecto inscribió el departamento a su nombre estaban en quiebra él y su mujer. Los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra exigen quedarse con ese departamento por considerarlo parte del patrimonio de Alvarado.

Empresas

Una de las casas de Alvarado en Misiones 865, en el barrio Tierra de Sueños 1 de Roldán, era el domicilio legal de Transportes Toia SRL, al que pertenecía el semirremolque de un camión hallado en 2017 con 493 kilos de marihuana en la provincia de Río Negro, hecho por el cual desde hace dos meses Alvarado está imputado como organizador.

Las empresas logísticas y de transporte, dijeron los fiscales en la audiencia, formaban una red de sociedades de responsabilidad limitada (Edra Servicios Logísticos SRL, Logística Santino SRL, Logística TSC SRL, Toia SRL, Sagrado Corazón de María SRL) que estaban legalmente constituidas pero que eran dirigidas por Alvarado. Otras eran sociedades unipersonales de Nadia Toledo, Jorge Benegas, Leandro Suarez y Rosa Capuano, la ex esposa de Alvarado, todos imputados como miembros de la asociación ilícita.

Fuente: La Capital