El nombre de Darío Blas Grossi hace varios años que se repite en distintos expedientes y legajos de la Justicia provincial y federal. Purgó una condena por narcotráfico, estuvo ligado a nombres del hampa, se lo investigó y fue testigo en la causa que llevó tras las rejas a los líderes de la banda de Los Monos y como si eso fuera poco ahora quedó preso por el presunto lavado de activos a través de una estafa con la compraventa de lotes en Roldán, según da cuenta una nota publicada hace algunos días en el diario La Capital escrita por Sergio M. Naymark y Andrés Abramowski.

Hace unos diez días fue detenido en Arroyo Seco tras protagonizar una alocada saga de incidentes en el hospital de esa ciudad y luego fue imputado. Lo que para el hombre iba a ser una sencilla acusación por lesiones, amenazas y daños que le permitiría seguir el proceso en libertad, terminó siendo una complicación cuando los fiscales le sumaron la imputación de «legitimación de activos de origen ilícito» o más claramente lavado de activos mediante una maniobra fraudulenta de la que no fue el único partícipe. Por eso terminó bajo prisión preventiva por el término de ley, es decir un máximo de dos años.

En los últimos tiempos el nombre de Grossi apareció en crónicas policiales junto con el de Walter Daniel Jure (vinculado con la banda Los Monos y el narco Esteban Lindor Alvarado) quien el 15 de agosto del año pasado fue condenado a 12 años de prisión por ser el líder de una organización criminal dedicada al transporte y venta de drogas.

A su vez, Grossi fue socio de la concesionaria de autos Montana, donde tanto Los Monos como Alvarado solían licuar activos con la compra venta de vehículos. Además, purgó una condena de 6 años y medio de cárcel por el traslado de 417 kilos de marihuana de Misiones a Rosario en agosto de 2002; y estuvo mencionado en la investigación de una red narco que bajo protección política y policial actuaba en la ciudad correntina de Itatí desde donde, entre otros, abastecían a Los Monos.

La saga por la cual terminó detenido Grossi y por la que fue imputado el miércoles por los fiscales Sebastián Narvaja y Ramiro González Raggio se desarrolló en los últimos diez días de mayo. El miércoles 20 el hombre ingresó a una concesionaria de autos de bulevar Seguí al 3400, en la zona sur de Rosario, donde golpeó y lesionó al encargado tras increparlo por haberle robado documentación de su vehículo. La tarde del sábado 30 fue a la casa de su ex pareja, en Belgrano al 200 de Arroyo Seco, y la amenazó de muerte. Y a las 4.30 del domingo 31 del mes pasado llegó al hospital público de esa ciudad y amenazó al personal de la guardia tras sostener que había tenido un accidente y quería que lo trasladen a un sanatorio rosarino.

Cómo tras la revisión de rigor le dijeron que no era necesario, se retiró y poco después regresó con un palo con el cual rompió vidrios de la sala de médicos y la enfermería además de proferir nuevas amenazas al personal hasta que lo apresaron. Por esos hechos los fiscales le imputaron lesiones leves y amenazas agravadas por el uso de arma.

Pero en la misma audiencia se le achacó a Grossi el delito de lavado de activos mediante un fraude perpetrado hace cinco años con cuatro terrenos de 630 metros cuadrados cada uno ubicados en la ciudad de Roldán con los cuales intentó «crear un aspecto lícito comprando los inmuebles por una suma ínfima respecto de su valor real».

Todo se inició en 2005 cuando David B. compró legítimamente esos lotes en una subasta pública organizada por la Municipalidad de Roldán a partir de un apremio contra una SRL integrada por Miguel Angel G., José P. y Enrique Norberto G.

Una década más tarde, David B. seguía pagando puntualmente las tasas e impuestos de los terrenos que tenía desocupados. Hasta que notó que los recibos llegaban a nombre de Ramiro Carlos G., una persona que dijo desconocer, y contra quien presentó una denuncia por supuesto desapoderamiento de bienes.

Así surgió que en noviembre de 2014 Ramiro Carlos G., con la complicidad del escribano rosarino Eduardo Martín Torres (cuyo nombre está ligado a otras maniobras ilegales y se encuentra a la espera de un juicio oral por una megaestafa con propiedades), habían confeccionado e inscripto «falsas escrituras por la compra de esos cuatro lotes en la vil suma de 20 mil pesos». En esos documentos aparecía como parte vendedora la ya desaparecida SRL y de cuyos antiguos socios uno había fallecido, otro residía desde hacía tiempo en el exterior y el tercero era ajeno a todo lo sucedido, por lo que sus firmas y las de sus esposas habían sido falsificadas.

Otra venta ilegal

Un mes más tarde Ramiro Carlos G., constituído como dueño legal de los lotes, le vendió los mismos a Darío Blas Grossi, quien por entonces estaba cumpliendo una condena por narcotráfico y no tenía medios lícitos para demostrar solvencia y pagar esa adquisición. Según la Fiscalía, lo hizo «en su afán por blanquear esos inmuebles y ponerlos en circulación para generar una venta a futuro, todo esto con la utilización de una escrituración falsa y documentos de identidad falsificados».Además, la acusación sostiene que ambos «sabían del origen ilícito de los mismos y Grossi sólo se constituyó como un eslabón más de la cadena de transferencias». Así las cosas, los terrenos quedaron en manos del hombre ahora imputado.

«De esa forma, todos los intervinientes contribuyeron a dotar de apariencia de origen lícito a dichos bienes y a consolidar la disponibilidad de los mismos para su puesta en circulación, disimulando el origen ilícito y poniendo distancia entre el delito precedente y el provecho del acto criminal», dijeron los fiscales.

Tras esa maniobra, en abril de 2015 Grossi le vendió uno de los cuatro lotes a Claudia V., quien pagó 75 mil pesos por el mismo. Una cifra similar por la cual los estafadores se habían apoderado de los cuatro terrenos. Y lo hicieron insertando nuevamente «falsas declaraciones en cuanto a la titularidad» del mismo.

Fuentes de la investigación explicaron a La Capital que «lo que despierta la sospecha de la Unidad Fiscal de Investigación de un lavado de activos es que el valor no se correspondía con los precios del mercado, que el inmueble fue transferido más de una vez en un año y que la transacción mostraba un aumento de precio notable».

Por esas acciones también Grossi fue acusado como autor de «falsedad de instrumento público en dos hechos en concurso real con el uso de documento público falso en tres hechos, todo ello en concurso ideal con el delito de legitimación de activos de origen ilícito». En el final de la audiencia el juez Héctor Núñez Cartelle le dictó a Grossi la prisión preventiva efectiva y dispuso además que un forense determine su situación psiquiátrica y psicológica para establecer si corresponde su internación o tratamiento.