El laico consagrado Juan Aveiro, acusado de violentar sexualmente de tres internos del Cottolengo Don Orione de General Lagos, fue beneficiado con prisión domiciliaria y la cumplirá con tobillera electrónica en una casa propiedad de la Iglesia en barrio Cotos de la Alameda. Así lo resolvió el juez de Cámara Javier Beltramone en una audiencia celebrada este jueves en Tribunales de Rosario.

Según da cuenta el diario La Capital, es la segunda vez que el religioso (que no es sacerdote pero tiene votos de castidad, pobreza y obediencia) obtiene la prisión domiciliaria. En agosto de este año, el mismo camarista tomó una resolución similar y le dio al «hermano Juan», como se conoce al acusado, la posibilidad de permanecer en un inmueble de España 974, en Rosario.

Sin embargo, esa decisión no se hizo efectiva entre otras razones porque días después, luego de que se tomó declaración en Cámara Gesell a una de las supuestas víctimas, surgieron testimonios que agravaron severamente la imputación.

El 11 de junio de este año, la jueza Mónica Lamperti hizo lugar al pedido de la fiscal Nora Marull, quien investiga el caso, y ordenó que Aveiro permanezca detenido en una dependencia carcelaria hasta el 6 de julio, acusado por tres hechos que tuvieron como víctimas a tres internos mayores de edad con distintos grados de retraso madurativo en Don Orione, donde se desempeñaba como catequista. El Hermano Juan fue entonces llevado al penal de Piñero.

La defensa del imputado apeló dicha decisión y el 1º de agosto Beltramone le morigeró el castigo y lo mandó a la casa de calle España en Rosario. La fiscal planteó inconsistencias respecto de ese nuevo domicilio, anexo a la Capilla Niño Dios, espacio de acceso público con el que el inmueble asignado tendría conexión física.

Sin embargo, fueron los resultados de la Cámara Gesell lo que motivaron una reimputación: uno de los jóvenes que había sido víctima de los presuntos abusos ofreció detalles hasta escabrosos de las prácticas sexuales a las que era sometido

Eso motivó que el 14 de agosto la fiscal de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual imputara a Aveiro por los delitos de abuso sexual simple agravado por haber sido cometido por persona encargada de la guarda de la víctima, abuso sexual gravemente ultrajante agravado por haber sido cometido por persona encargada de la guarda de la víctima y abuso sexual con acceso carnal. El acusado continuó en prisión por decisión de la Jueza de primera instancia María Chiabrera, quien aceptó la nueva calificación.

La fiscal Marull afirmó entonces que la recalificación surgió «a partir de nuevas pruebas en este caso que nos indican claramente la existencia de estos abusos, por lo tanto la dosis probatoria ha aumentado y también la pena en expectativa por las imputaciones gravísimas que se han hecho en esta audiencia, lo que hacen que la peligrosidad procesal aumente. Así lo consideró la jueza, quien nos otorgó que el imputado continúe en prisión preventiva hasta la audiencia preliminar». Aveiro continuó en Piñero.

Nulidad

No obstante, en la audiencia de este jueves, el juez de Cámara resolvió otorgarle nuevamente la prisión domiciliaria y propuso como lugar el inmueble de calle Virgen del Rosario 113, de Roldán, propiedad del Instituto Cristo Rey.

En su resolución, Beltramone estimó que «la jueza de grado revocó sin fundamento jurídico la resolución del superior jerárquico toda vez que incluso a la fecha no llegó a materializarse la medida ordenada de prisión domiciliaria oportunamente dispuesta». El magistrado consignó que «no habiéndose en esta audiencia demostrado ni justificado violación alguna a las medidas que hacían a dicha prisión domiciliaria no materializada en el caso, pues aún se encuentra en el penal, sea algún entorpecimiento probatorio o participación en alguna posible fuga, se declara la nulidad absoluta, insanable de lo resuelto por la jueza de grado». Y fijó el nuevo domicilio en Roldán.

Ahora se espera ver si hay disponibilidad de tobilleras electrónicas y luego personal del Ministerio de Seguridad deberá llegar a la ciudad para realizar un informe de viabilidad y ver si el inmueble es apto para alojar a una persona sobre quien recae una acusación de delito sexual.

Fuentes cercanas a la investigación dejaron entrever cierto descontento de parte de Fiscalía, por cuanto no se habrían tenido en cuenta las nuevas imputaciones surgidas de hechos posteriores a la primera resolución. «No se evaluó la nueva base fáctica, sino que se consideró que era una revocación de una sentencia que había determinado sobre una base fáctica anterior», dijeron.