El Concejo Municipal de Roldán manifestó institucionalmente su rechazo a eventuales modificaciones del régimen vigente que regula la adquisición, posesión y titularidad de tierras rurales por parte de personas físicas o jurídicas extranjeras.

La declaración, sancionada en la sesión del 11 de agosto, surgió frente a iniciativas impulsadas a nivel nacional tendientes a modificar el actual esquema de protección del dominio nacional sobre las tierras rurales. Si bien el capítulo referido a la venta de tierras a extranjeros fue retirado de consideración, el cuerpo legislativo local decidió fijar posición ante futuras propuestas que puedan avanzar en ese sentido.

Entre los fundamentos, el Concejo sostuvo que la tierra constituye un recurso estratégico, limitado y no renovable, directamente relacionado con la soberanía nacional, la producción, la seguridad alimentaria y la planificación territorial.

La declaración hace referencia a la Ley Nacional N.º 26.737, vigente desde 2011, que establece un límite del 15% para la titularidad o posesión extranjera de tierras rurales. Ese porcentaje también se aplica sobre los territorios de cada provincia y municipio o entidad administrativa equivalente.

Según los datos incluidos en los fundamentos del documento, aproximadamente un 5% de las tierras del país se encuentra actualmente en manos de personas extranjeras, mientras que en Santa Fe la proporción ronda el 4%. En ese marco, desde el Concejo consideraron que todavía existe un amplio margen respecto del límite permitido actualmente y que no habría razones para ampliar esa proporción.

La normativa vigente también establece restricciones específicas para determinados inmuebles que contienen o limitan con cuerpos de agua de envergadura y permanentes, además de contemplar condiciones particulares para tierras ubicadas en zonas de seguridad de frontera.

Desde el cuerpo legislativo roldanense señalaron que esas disposiciones no representan una prohibición absoluta a la inversión extranjera, sino que funcionan como un mecanismo regulatorio destinado a mantener un equilibrio entre la llegada de capitales, el desarrollo productivo y la preservación del interés general.

Otro de los puntos planteados es la preocupación por una eventual redefinición del concepto de extranjerización. Según expresa la declaración, modificaciones en ese sentido podrían dejar fuera de las regulaciones a grandes capitales privados internacionales y limitar las restricciones principalmente a Estados extranjeros.

Para el Concejo, una flexibilización sustancial podría favorecer procesos de concentración y extranjerización de la tierra, generar mayores dificultades para el acceso y permanencia de productores nacionales y reducir las herramientas disponibles para la planificación territorial de provincias y municipios.

En ese sentido, los concejales remarcaron que el territorio no debe ser considerado exclusivamente por su valor económico, sino también por su importancia productiva, ambiental, social, cultural y estratégica.

La declaración aprobada establece formalmente el rechazo del Concejo Municipal de Roldán a cualquier iniciativa del Gobierno Nacional destinada a “eliminar, derogar o flexibilizar sustancialmente” las restricciones existentes para la adquisición, posesión o titularidad de tierras rurales por parte de extranjeros.

Además, el cuerpo expresó su defensa de la soberanía territorial, el dominio nacional sobre los recursos estratégicos, la producción nacional, el desarrollo sustentable y el acceso a la tierra.

También manifestó su acompañamiento a la continuidad de políticas públicas que establezcan límites razonables a la concentración y extranjerización de tierras, con especial atención sobre aquellas vinculadas a recursos naturales estratégicos, áreas productivas y zonas de sensibilidad ambiental.

Finalmente, el Concejo solicitó al Poder Ejecutivo Nacional y al Congreso de la Nación que cualquier futura modificación del régimen sea sometida a un amplio debate legislativo, con participación de las provincias y municipios y priorizando el interés nacional y un desarrollo territorial equilibrado.