Por: Pablo de San Román (*)

La autonomía municipal es un tema que sin dudas formará parte de la agenda política de los próximos años. La forma en que el Estado provincial va quitándose el peso de una administración centralizada y burocrática pondrá a los gobiernos locales en una situación de expectativa en cuanto a su propia capacidad de cambio.

La autonomía por sí misma implica una relajación de los controles centralistas (de cesión de aportes y facultades administrativas) que alteran los procesos de recaudación, control y asignación de recursos. No puede haber autonomía sin que el estado provincial ceda la facultad –en una medida más amplia- de disponibilidad de los tributos y de autonomía en su ejecución.

Esto supone, como decimos, un panorama auspiciante para los municipios, pero también de compromiso. Según las características que asuma, la autonomía podrá ceder tanto recursos como potestades para regular. Los municipios no recibirán facultades sólo para aumentar el volumen de sus presupuestos, sino para hacerse cargo de competencias que hoy están en manos de la provincia.

En este sentido, la iniciativa no sólo compromete la decisión del gobierno provincial, sino la de los gobiernos locales que deberán analizar hasta qué punto pueden responder frente a esta transferencia de responsabilidades.

Disponer de un mayor presupuesto no implica para los municipios resolver su situación financiera. Implica asumir obligaciones por las que deberán dar cuenta en respuesta a esa transferencia. No es sólo recibir más dinero (o retener un volumen mayor de aportes), sino aumentar los servicios comunitarios prestados cotidianamente.

El proceso de autonomía no es, por lo tanto, un proceso sobre el que haya que adherir irrevocablemente. Implica, por el contrario, revisar a nivel local la capacidad técnica, administrativa y de gestión que tenga cada distrito para afrontar las obligaciones. Entre ellas (y muy gravitantemente) la gestión de la seguridad.

Los municipios deben preguntarse si tienen los recursos humanos, técnicos y de infraestructura para responder a dicha transferencia. Sino podrán sufrir, luego, dificultades tan o más graves como las que intentan resolver.

La autonomía puede percibirse como una idea políticamente correcta. Libera el centralismo y permite que los gobiernos locales decidan sobre sus propias prioridades. Pero implica una evaluación exhaustiva sobre las condiciones particulares de cada ciudad. Sobre la capacidad técnico/institucional para sostener los servicios y para mantener la calidad de los mismos cotidianamente.

De lo que hablamos es de un proceso político y administrativo deseable, pero riesgoso en cuanto a qué jurisdicción puede asumirlo y cuál no. Allí habrá que ser realistas y no ceder ante la demagogia omnipotente cuando las condiciones no están dadas. Lo claro es que, de cualquier forma, sobrevendrán cambios, serán profundos, y no admitirán demagogias oportunistas.

La modernización administrativa, la profesionalización de la función pública, la informatización estadística, la ampliación de los servicios comunitarios, el rediseño de las estructuras orgánicas son sólo algunos de los aspectos que los municipios deberán exigirse si pretenden que la propuesta autonomista reconvierta, de una manera consistente, el sistema de público de gestión.

(*) Pablo de San Román. Doctor en Filosofía Política. Director del Centro de Estudios de Gobierno de la Universidad Católica Argentina, Campus del Rosario.