“Todos sabemos que La Salada siempre ha sido el reino de la informalidad y el contrabando ya que, además de venderse productos truchos y falsificados de marcas reconocidas, en muchos casos se somete casi a un trabajo de esclavitud a los empleados”, apuntó el edil rosarino de Juntos por el Cambio.

En ese sentido, Carlos Cardozo llamó al gobierno provincial a que tome cartas en el asunto y dijo que “en la provincia tenemos una Ley que regula las habilitaciones y el funcionamiento de las grandes superficies comerciales, mayoristas y minoristas. Las leyes están para ser cumplidas y los gobernantes para garantizar que eso ocurra”.

Por otra parte, el concejal agregó: ¿nadie se puso a pensar el impacto que esto tendría en los comercios barriales que de ningún modo podían competir en precios? Los centros comerciales de los barrios de Rosario y la región  que van a sufrir las consecuencias inmediatas como son Empalme, los dos centros comerciales de calle San Martín, Azcuénaga, Echesortu”.

En cuanto a las reglamentaciones vigentes, Carlos Cardozo recordó que “La provincia de Santa Fe tiene vigente una ley de grandes superficies comerciales, por lo que este emprendimiento se tendría que someter a la aprobación o no por parte del gobierno de la provincia. No es que cualquier dueño de un campo o dueño de un galpón puede, porque se le da la gana, decirle al señor de La Salada que se lo alquila para meter 400 puestos”.

“Le solicitamos tanto al gobierno provincial como al municipal, ya que afectaría de manera directa a nuestra ciudad, que presten más atención a este proyecto que se comenzó a deslizar y que puede desencadenar en el contrabando, el trabajo informal y el cierre de los comercios barriales”, concluyó el dirigente de Juntos por el Cambio.