El caso sacudió a la vecina localidad de San Jerónimo hace poco más de un año. Alguien en el pueblo difundió fotos y videos pornográficos, aparentemente editados, con los rostros de al menos 80 mujeres del pueblo. El único señalado por la Justicia es un hombre de 49 años (cuyo nombre nunca trascendió públicamente), que era el marido de una de las denunciantes y que permanece en libertad. Recientemente, diferentes versiones aseguran que se mudó a Roldán y reside en la localidad.

Fuentes judiciales indicaron que la denuncia se hizo en agosto de 2023 y fue investigada por la fiscalía de San Lorenzo, al mando de Aquiles Balbis, quien logró identificar al sospechoso. El material -según se estableció- se subió a un canal abierto de la app Telegram, pero luego fue borrado. Sin embargo, llegó a viralizarse como casi siempre ocurre, por lo que varias de las damnificadas hicieron presentaciones ante la Policía local.

De acuerdo con la investigación, las imágenes de las mujeres fueron robadas de las redes sociales y de los perfiles de WhatsApp de las víctimas. Luego fueron adaptadas al material de contenido sexual y el escándalo estalló.

Con el correr de las semanas, las denuncias en la comisaría se acumularon, hasta que finalmente se le dio intervención al fiscal Balbis. Hasta ese momento había pocas pruebas de dónde pudo haberse originado la difusión de las imágenes. Pese a eso, de acuerdo con los medios locales en aquel momento, la causa dio un giro.

Una vecina se presentó en la comisaría para denunciar que se sentía perjudicada a nivel personal porque varias personas del pueblo le habían dicho que las fotos, que ya eran motivo de las discusiones entre todos, estaban asociadas a su línea de teléfono. La mujer afirmó, de acuerdo con lo que publicó el diario Uno de Santa Fe, estar desconcertada y quería saber qué había detrás de todo.

Hasta ese momento era todo incertidumbre, acusaciones sin pruebas. Al ser un presunto delito cometido bajo la órbita privada, era muy poco lo que se podía hacer. Sin embargo, el dato de la mujer dio algo de luz.

El fiscal investigó al marido de la denunciante, un hombre de 49 años, y se encontró con que tenía antecedentes por distribución y circulación de material pornográfico a raíz de una presentación de Missing Children. Frente a este hallazgo, las autoridades ordenaron allanar su casa y secuestraron seis celulares, dos pendrives, una notebook, 29 discos, una cámara y cinco archivos de memoria.

Fuentes judiciales señalaron que se realizaron análisis y peritajes sobre el material extraído de los teléfonos secuestrados en la casa del probable autor de la difusión del material. A pesar de los avances, la Justicia no pudo accionar en contra del hombre.

En ese sentido, remarcaron que la Fiscalía hizo la investigación, identificó al sindicado, hizo las pericias pero no pudo imputarlo por ser un hecho que no es público. “Como es un delito de acción privada no se puede detener porque no se imputa. Por eso se les notificó y proporcionó toda la evidencia recabada para que puedan iniciar una querella de acción privada”, explicaron las fuentes.

“Son injurias a su honor y a su moral. Tendrán que proceder a partir del delito de acción privada. Nosotros nos comprometimos a realizar una investigación para brindarles todas las herramientas para realizar una querellas privada por injuria, si así lo desean”, indicó el fiscal Balbis ante los medios por aquel momento.

“No había muchas herramientas para empezar a investigar. Lo que sí había era un consenso de que las imágenes eran un montaje y se enviaban desde un grupo de Telegram que se llamaba ‘Chicas de la zona’. Allí había un contacto asociado a una línea de teléfono perteneciente a una mujer que vivía con su pareja. Al hombre, en 2015, lo habían investigado porque Missing Children advirtió que desde su dirección de IP circulaba pornografía. Pensé que no podía ser casualidad. Hoy, a raíz del trabajo de investigación y el allanamiento que llevamos adelante, no hay dudas de que la persona a la que llegamos es la responsable”, agregó el funcionario.

Los investigadores no precisaron si las mujeres iniciaron ya la querella ni dieron detalles de qué método se utilizó para adulterar las imágenes y adaptar los rostros de las víctimas a los videos. Se presume que fueron editados con inteligencia artificial.