La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de Ley que habilita a la Dirección General de Comercio Interior a delegar las funciones de control a aquellos municipios y comunas que lo soliciten. “La delegación de control y sanción a los municipios es un avance enorme en cuanto a la defensa de los derechos de los consumidores, por lo que seguiremos trabajando para lograr la sanción definitiva”, expresó Rubeo.

Es importante aclarar que el artículo 41 de la Ley Nacional N° 24.240 (Defensa del Consumidor) dispone que los gobiernos provinciales actuarán como autoridades locales de aplicación ejerciendo el control, vigilancia y sanción sobre el cumplimiento de la misma con respecto de los hechos sometidos a su jurisdicción. En el caso de Santa Fe esta responsabilidad recae sobre la Dirección General de Comercio Interior.

En este sentido, el Presidente de la Cámara, Luis Rubeo, explicó que “el objetivo de este proyecto es garantizar los derechos y la adecuada atención que debe brindarse a los consumidores en todo el territorio de la Provincia de Santa Fe”, y detalló las limitaciones que impiden hoy a la provincia realizar dicho control: “Los esfuerzos de la Dirección General de Comercio Interior y Servicios de la provincia no son suficientes para controlar la vasta geografía santafesina, por eso propusimos la posibilidad de que municipios y comunas puedan establecer convenios con la mencionada Dirección para cubrir lo que territorialmente esta dependencia estatal no cubre por falta de infraestructura”.

El legislador también ahondó sobre los alcances de la Ley y ejemplificó: “Hoy la estructura de Comercio Interior es muy pequeña para garantizar, por ejemplo, el acuerdo de los Precios Cuidados, pero al poder tomar esa responsabilidad cada municipio la posibilidad de ampliar el control sobre el comerciante beneficiando al consumidor es enorme”.

Por último, Rubeo enfatizó: «El contexto socioeconómico actual requiere el compromiso y trabajo de los distintos niveles del Estado en el control de la cumplimentación de las reglamentaciones en cuanto a control de precios y calidad por parte del sector privado, y del circuito comercial y productivo”.