En una audiencia atiborrada de detalles como éste, los investigadores de la secuencia de atentados ocurridos en Rosario entre el 5 y el 10 de marzo pasados empezaron a atribuir las responsabilidades por el hecho a cinco personas. Una de las principales, que escuchaba desde Piñero, es Alejandro Núñez, alias Chuky Monedita. A él le atribuyeron haber ordenado la saga sangrienta que incluyó a dos taxistas, un chofer de la línea K y un playero de estación de servicio. Su mujer, Brenda Pared, que cumple en Funes prisión domiciliaria, la única que visitaba a Chuky en Piñero, fue quien según la evidencia expuesta por los fiscales ordenó los atentados, seleccionó junto a otras personas a los ejecutantes menores de edad y proveyó los recursos para concretarlos.

El fiscal Patricio Saldutti reseñó que, desde el pabellón 28, Chuky Monedita determinó y encomendó a Brenda Pared, alias La Cote, que estaba en prisión domiciliaria en Funes, que organizara la comisión de los hechos ofreciendo recompensa. Según el fiscal, Brenda seleccionó los objetivos y junto a sus colaboradores les impartieron las instrucciones y los recursos al grupo ejecutor, al tiempo que seleccionaron menores para la comisión de esos hechos.

Chuky Monedita cumple condena por homicidio en el pabellón 28 de Piñero y es uno de los imputados en la audiencia. En la que también están acusados su mujer Brenda Pared, Macarena Muñoz, Gustavo Márquez y Axel Uriel R. También Matías M., apodado Matute.

«Arriba de todo está Alvarado pero no se mete. El que ordena acá es Chuky. Macarena maneja los búnkeres. Matute tomó más poder y se hace cartel», dijo uno de los involucrados, en el registro de evidencia que utilizó el fiscal Saldutti para imputar. Según los fiscales, en el campo de la investigación se insinúan dos grupos. Uno es el de Chucky Monedita. Otro sería el de Alvarado. Ambos lucen conectados en un hecho: el crimen del playero Bruno Brussanich, asesinado en Mendoza al 7660, el 9 de marzo.

Saldutti sostuvo que tuvieron como fin infundir temor y conmover a la sociedad toda y a la comunidad de taxistas en particular, provocando el cese del transporte y posteriormente el del expendio de combustible. También amedrentar al gobernador Maximilano Pullaro y al ministro de seguridad Pablo Cococcioni. El motivo alegado fue afectar el ejercicio de sus funciones públicas a sabiendas de que esto conmovería a la sociedad y afectaría la aplicación de políticas públicas, como respuesta a las restricciones aplicadas en prisiones provinciales a presos de alto perfil.

Fuente: La Capital