Oscar Romera y Juan Murray, asesores letrados del senador Armando Traferri, presentaron un escrito ante la fiscal Regional de Rosario, María Eugenia Iribarren, solicitando el apartamiento de los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra, por considerar que estos funcionarios han “faltado a su deber de actuación objetiva de una forma grave y manifiesta, de manera tal que han comprometido severamente el desempeño de su actuación”, al menos en la causa en la que se acusa al senador. Esto ocurre un día después de que el Senado aceptara el pedido del legislador para poder presentarse a declarar y probar su inocencia en la denominada causa del juego clandestino.

En un extenso escrito, Romera y Murray solicitaron “el apartamiento funcional de los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra, para seguir entendiendo en todo lo relacionado con el legajo individualizado”. Y también pidieron que, antes de la resolución, Irribarren convoque a audiencia pública para poder “explicarle, puntualizarle y ampliarle los motivos que aquí se exponen para solicitar el apartamiento”.

Tras el desarrollo de los aspectos legales que fundan el pedido de apartamiento, los abogados afirmaron en su presentación que las acciones de los fiscales “responden a una matriz de ilegalidad en donde los rastros de sus desvíos han quedado esculpidos en piedra”. Y agregan que el accionar evidencia “una visible actitud desleal y de mala fe, cuando no, manifiestamente contrarios a la Constitución Nacional y Provincial, y a las leyes cuyo cumplimiento les incumbe observar” a funcionarios del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El pedido de apartamiento hace énfasis en que los fiscales actuaron “con desapego a la objetividad, buena fe, lealtad, y legalidad”. Y advierte que “del relato fáctico que forma el corpus de este escrito se desprenden hechos con apariencia de delito”. En ese contexto, agrega: “Detrás de la maniobra estaba el por entonces ministro de Seguridad provincial Marcelo Sain”.

A partir de allí hace una contextualización política del momento en que se dio la denuncia y la acompaña con testimonio y evidencias recolectadas en el marco de lo que se conoce como Causa del Espionaje Clandestino, que demuestran que Sain, funcionarios del Ministerio de Seguridad y los fiscales actuaron de manera ilegal con la intención de afectar al senador Traferri.

El desarrollo se divide en tres apartados. El primero de ellos, denominado “Objetivo Traferri», pone en evidencia cómo una disputa política fue el detonante para que, desde el MPA, con impulso del Ministerio de Seguridad, se persiguiera al legislador. Allí, por ejemplo, se encuentran testimonios de trabajadores del Organismo de Investigaciones quienes recibían órdenes de “llevarse puesto” al senador.

“El último año, con todo lo que pasaba, hubo mucho interés en Traferri. Había mucho interés en encontrar algo que perjudique a Traferri”, declaró ante la Justicia uno de los integrantes del OI en el marco de la Causa de Espionaje Ilegal. Otro agregó: “Después derivó en actores de la política como Traferri, a quien nombraban todo el tiempo y querían llevar puesto”.

El segundo de los apartados se llama “Fiscales y su relación con Sain y otros/as actores”. En este se informa que la relación que mantenía el ex ministro (y director del OI en licencia) y su grupo de trabajo excedía largamente un vínculo institucional. La información recabada en el peritaje de los dispositivos electrónicos incautados en el allanamiento al Ministerio de Seguridad da cuenta de un intercambio cotidiano, en el que los fiscales recibían órdenes y recomendaciones de Sain y, a la vez, reportaban su trabajo a él.

También se consigna que los funcionarios del Ministerio solicitaban, y los fiscales proporcionaban, información sensible sobre investigaciones en curso.

Finalmente, el tercero de los apartados, llamado «El sumario de Cotichini», desglosa el proceso disciplinario realizado por la Auditoría del MPA contra Débora Cotichini, ex jefa de Inteligencia del OI, que permitió destapar el espionaje ilegal. En esta causa, justamente, el senador Traferri es querellante, ya que está probado para la Justicia que fue una de las víctimas.