El Defensor del Pueblo de la provincia de Santa Fe, Raúl Lamberto, se reunió el pasado viernes en la capital provincial con la directora del Instituto Autárquico Provincial de Obra Social (IAPOS), María Soledad Rodríguez, para interiorizarse del alcance que tiene para los afiliados la disposición 027/2018 del organismo referida a la atención en centros de salud no pertenecientes a los lugares de residencia de los beneficiarios, un tema que había generado alerta entre afiliados locales.

Tras el encuentro y según reflejó el diario La Capital, las autoridades de la obra social expresaron que «la libre elección y el libre tránsito no se modifican. El afiliado no tiene que llevar ninguna autorización en mano, que fue uno de los temas que más preocuparon a quienes residen en el interior de la provincia».

Durante la reunión, llevada a cabo en la sede de IAPOS, los directivos del organismo le manifestaron al Defensor del Pueblo santafesino que la nueva norma busca «no duplicar las prestaciones» y remarcaron que «el afiliado tendrá la potestad de elegir el lugar donde hacerse esa práctica, sea en su localidad de residencia o donde lo disponga».

Rodríguez transmitió a Lamberto que estas precisiones quedarán plasmadas en una reunión de la comisión mixta (entre obra social y prestadores) a celebrarse en breve y que analizará la marcha de los convenios.

Por su parte, Lamberto consideró: «Es una forma de llevarle tranquilidad al afiliado y por nuestra parte de formalizar esas aclaraciones a través del requerimiento hecho por nosotros de manera formal».

Asimismo, cuando el Defensor preguntó si el establecimiento de tasas de uso de prácticas diagnósticas suponía una limitación, los directivos lo negaron enfáticamente y, por el contrario, indicaron que se les pide a los prestadores una discriminación por práctica, como modalidad de rendición periódica a su cargo. «Si esas tasas de uso resultaran insuficientes, el IAPOS podrá ampliarlas con las justificaciones debidas por parte de los prestadores», aclararon.

Al referirse a los aumentos de los valores de los coseguros de consultas o bonos asistenciales, Lamberto puso especial énfasis en que, a la hora de fijarlos, se tenga muy en cuenta la situación de los afiliados que tienen menores ingresos, a quienes afecta mayormente. «A ellos nosotros debemos representar como Defensoría, sin desconocer que no se puede poner en riesgo la sustentabilidad de la obra social y de sus prestaciones», concluyó.