Iván Leonel Mafud tenía 26 años cuando en septiembre de 2014 fue acribillado a balazos en el cruce de las rutas A-012 y 9 tras una presunta persecución policial que comenzó en la zona sur de Rosario y concluyó con un fraudulento enfrentamiento que roció de balas el vehículo en el cual iba la víctima.

Por el trágico hecho, en junio del año pasado fueron condenados con penas leves cuatro policías santafesinos mientras que otros 11 que llegaron al juicio bajo distintas acusaciones terminaron absueltos.

Pero el final del proceso oral no terminó con los pesares de los deudos de Mafud. Ahora su esposa, Leila Rodríguez, podría quedar en la calle junto a sus cuatro hijos «debido al incumplimiento del Estado provincial (de quienes dependían los policías condenados y a quienes el Estado armó para proteger a los ciudadanos) de reparar de manera integral los daños sufridos por la familia, tal como lo establece la normativa internacional».

Así lo reafirma un comunicado emitido este jueves por la Multisectorial contra la Violencia Institucional y publicado por el diario La Capital. En el mismo se solicitó a la provincia que «garantice en forma inmediata los derechos básicos a la vivienda y el trabajo para que la familia Mafud pueda tener la posibilidad de una vida digna y un duelo en paz».

Es que ante la ausencia de Iván, sostén de la familia, Leila y sus cuatro hijos, de 12, 8, 7 y 6 años, están frente a la posibilidad de un juicio de desalojo por no poder costear la vivienda en la cual residen. En ese sentido, desde la Multisectorial recordaron que el año pasado, «al condenar a cuatro policías, la provincia quedó como corresponsable de la muerte del joven, a tal punto que se encuentra iniciada una demanda civil por daños al Estado».

Vulnerables

El comunicado recuerda que Mafud «fue fusilado por la policía santafesina y eso colocó a Leila y sus cuatro hijos en un grave estado de vulneración social, ya que el joven era parte indispensable, junto a su compañera, en el sostén económico de su familia». En ese sentido, remarcan que «actualmente,la familia Mafud sufre graves problemas económicos, dificultades para acceder a una vivienda y para poder contar con un trabajo que les sirva de sustento; tal como Leila relató en una carta presentada al gobernador Miguel Lifschitz, de la que aún no obtuvo respuesta».

En ese marco, está a punto de iniciarse un juicio de desalojo por la casa que alquila y habita con sus hijos, «como consecuencia de los reiterados incumplimientos de diversas áreas del Estado (municipal y provincial) que se comprometieron, entre otras cosas, a afrontar los gastos del alquiler».

Finalmente, la Multisectorial manifiesta que «el Estado provincial, conforme fue establecido en sede judicial, es responsable del asesinato de Iván Mafud en manos de la policía de la provincia, y teniendo en cuenta que se encuentran en juego derechos fundamentales de niñas y niños, solicitamos que en forma inmediata la provincia repare integralmente a los familiares de la víctima por el grave daño sufrido, garantizando en forma inmediata los derechos básicos a la vivienda y el trabajo».